La Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, formada por 18 organizaciones, lanza
la Campaña Aquí Vivo, Aquí Voto. Por una Ciudadanía Plena.
La campaña pretende lograr el reconocimiento al derecho al voto de las personas inmigrantes que viven en España. Para ello, necesitamos que tanto las entidades como la gente de a pie presionemos al Gobierno para que elimine todos los obstáculos legales que impiden que miles de personas en este país cumplan con sus deberes y, sin embargo, no tengan reconocidos sus derechos.
La participación política es un paso necesario para la integración y para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, en la que cuenten todos y todas.
¿Por qué los inmigrantes deben tener derecho al Voto?
• Porque la participación política
es un derecho que tiene toda persona, pero España no reconoce este derecho.
• Porque
es una incongruencia hablar de que se pretende la integración de las personas inmigrantes
en nuestra sociedad si al mismo tiempo se les niega el derecho a la participación
política. El voto es un factor de integración. No se le puede pedir a alguien que
se sienta cómodo en esta sociedad, que sea responsable y se integre en ella, cuando
no se le permite participar en ella y tomar decisiones sobre su futuro.
• Porque nos
parece difícil justificar democráticamente que millones de personas en España cumplan
con sus deberes, paguen sus impuestos y, sin embargo, no tengan reconocidos sus derechos,
en concreto el derecho al voto, y por tanto, no puedan decidir sobre quienes van
a influir sobre sus vidas, su trabajo, la educación de sus hijos...
• Porque debemos
asumir que la única alternativa para alcanzar un desarrollo español y europeo justo,
humano y solidario, es trabajar por la supresión de toda discriminación injustificada
de cualquier individuo o colectivo de los que forman parte de nuestra comunidad.
•
Porque la negación del derecho al voto a las personas inmigrantes provoca una grave
desigualdad con respecto a las personas autóctonas.
• Porque mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia
y la paz social y es muestra de una grave insensibilidad por parte de nuestros gobiernos.
•
Porque pedimos que la ciudadanía esté asociada a la residencia y no a la nacionalidad.
•
Porque Europa y España no pueden seguir tratando a estas personas como si fueran
de segunda categoría, mientras proclama la igualdad de derechos.
• Porque el derecho
al voto es uno de los derechos fundamentales de las personas, tal y como recoge la
Declaración Universal de 1948.
• Porque las carencias jurídicas de mecanismos de promoción
social y de participación política relegan a las personas inmigrantes a una condición
inferior.
• Porque avanzar en la ciudadanía supone romper con la visión instrumental
y utilitarista de la inmigración, limitada al mercado de trabajo y con una idea provisional
de su presencia.
• Porque una sociedad que se divide en ciudadanos de primera y segunda
es una sociedad injusta.
• Porque el estado del bienestar no puede ser sólo para una
parte de la sociedad.
• Porque el acceso al voto de toda la ciudadanía es algo que
nos beneficia a todos, pues el conocimiento de todas las opiniones, así como el reconocimiento
de la totalidad de los ciudadanos hará más democrática nuestra sociedad. La exclusión
es todo lo contrario a la democracia.
• Porque la sociedad española será mejor en
la medida en la que sea más democrática.
• Porque impedir que las personas extranjeras
que residen en España no puedan votar, ni ser elegidos, refuerza la figura del inmigrante
como pura fuerza de trabajo, y lo hace invisible en otros ámbitos fundamentales de
la vida social.
• Porque marginar a los inmigrantes regularizados impidiendo su derecho
al voto es apostar políticamente por crear condiciones que favorecen la exclusión
social.
¿Por qué estamos a favor de que los inmigrantes tengan Derecho al Voto?
• Es
necesario abrir un proceso de amplio consenso social para facilitar el acceso a la
ciudadanía, es decir, a la integración cívica, que es también política, que comienza
en el ámbito municipal y que debe entenderse en términos de inclusión, pluralidad
y gradualidad, así como un derecho en todo caso y no como una obligación de las personas
inmigrantes. Se trata de un proyecto que arranca de la noción de “vecinos” de los
residentes, como ciudadanos de esas primeras comunidades de convivencia que son las
ciudades y los pueblos, con todos los derechos y deberes de los demás vecinos.
• En
definitiva, se trata de fijar el derecho de ciudadanía no en la nacionalidad, sino
en la residencia estable en el ámbito local. Desglosando este concepto de CIUDADANÍA
DE RESIDENCIA, nos referimos a una ciudadanía de vecindad con derechos políticos
plenos en el ámbito municipal (lo que es mucho más que el derecho al voto y a ser
candidato), desde una concepción de la ciudadanía como ciudadanía multilateral (teniendo
en cuenta el origen y la residencia, p.ej ciudadanía senegalesa, española, europea,...)
y además ciudadanía gradual: desde el nivel local hasta el autonómico y luego el
estatal y el europeo.
En definitiva, se trata de construir el proceso de ciudadanía
cívica. Dicha ciudadanía cívica debe comenzar por el reconocimiento de que el residente
(en la medida en que paga impuestos y contribuye con su trabajo, con su presencia
como vecino y no sólo como trabajador, a la construcción de la comunidad política)
tiene, no sólo derechos civiles e incluso sociales, sino políticos: derecho a participar
al menos en el primer nivel de las elecciones municipales en la ciudad o pueblo donde
reside. Es una incongruencia hablar de que se pretende la integración de las personas
inmigrantes en nuestra sociedad si al mismo tiempo se les niega el derecho a la participación
política.
Proponemos una modificación de la Constitución para que las personas inmigrantes
tengan acceso a sus derechos, y en concreto al derecho al voto, en lugar de la activación
de convenios de reciprocidad, porque:
Limitarnos a los convenios supone dejar fuera
de esta posibilidad a un continente entero, como es África, con el que es muy difícil
establecer acuerdos.
Supondría la creación de categorías y clases dentro de los propios
colectivos de inmigrantes, algunos con derechos y otros sin ellos.
Esta opción abriría
la puerta a la discriminación con países que coyunturalmente o políticamente no sean
interesantes para España.
Sobre el concepto de ciudadanía:
• En la Europa de los 27,
y por supuesto en España, es urgente definir otro modelo de gestión de la pluralidad
cultural ya existente y del incremento de la misma que se irá produciendo en un futuro.
Sin embargo, ni el actual marco de políticas migratorias en España ni el proyecto
de Tratado de una Constitución europea garantizan dicho objetivo. Un claro ejemplo
es que permanece cerrada la puerta de acceso de todas las personas inmigrantes a
la ciudadanía local y europea.
¿Qué se ha hecho en Europa?
Como consecuencia de los
trabajos del Consejo Europeo de Tampere de 1999, dos años después el Parlamento Europeo
adoptó una resolución que pedía a varios países, entre los que se encontraba España,
a que ampliasen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales
y europeas a todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la
Unión Europea. El Parlamento Europeo volvería a pronunciarse a favor de la concesión
del voto a los inmigrantes a fines del 2001, en junio del 2003 y en enero del 2004.
Varios
países europeos ya reconocen este derecho desde hace tiempo:
Irlanda, donde toda persona
adulta no irlandesa que esté registrada como residente, tiene garantizado el derecho
al voto en las elecciones municipales desde 1963.
Bélgica, país en el que casi un
10% de la población es extranjera. En febrero del 2004, todos los inmigrantes en
Bélgica obtuvieron el derecho a votar en las elecciones municipales, independientemente
de la nacionalidad.
Dinamarca, desde 1981, se permite el voto en las elecciones locales
con tres años de residencia.
Austria permitió en el año 2002 el voto de los inmigrantes
en las elecciones locales de Viena (Austria).
Suecia permite desde 1975 las votaciones
para extranjeros en las elecciones locales y regionales con tres años de residencia.
Luxemburgo
autoriza a votar a los inmigrantes con cinco años de residencia en las elecciones
locales, desde 2003.
Finlandia, desde 1996 pueden votar los inmigrantes con dos años
de residencia.
Países Bajos, elecciones locales desde 1985, con cinco años de residencia.
Italia, los inmigrantes que vivían en Roma en 2004 votaron para elegir representantes
municipales y de distrito entre los miembros de sus propias comunidades.
Francia,
el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, se pronunció a favor de que los
inmigrantes regularizados puedan votar en las elecciones municipales.
¿Qué se ha hecho
en España?
• Mayo de 2004. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción
que especificaba sobre la necesidad de “avanzar, previo consenso social y político,
hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes
en las elecciones locales”.
• Noviembre 2005. El 60% de la población española se manifiesta
a favor del derecho al voto para los inmigrantes. Según datos publicados por el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre del 2005, el 60.8 % de los españoles
defiende este derecho de los inmigrantes a votar en las elecciones municipales, y
el 53.4% lo hacen también extensible a las elecciones generales.
• Febrero del 2006.
El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad una proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-
• Marzo
del 2006. El PSOE se declara a favor del voto de los inmigrantes. El secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro
Zerolo, hizo una serie de declaraciones apostando por el reconocimiento del derecho
al voto de los inmigrantes residentes en España de larga duración. También Mariano
Rajoy (PP) ha expresado su inclinación favorable al voto de los inmigrantes.
• En
Madrid, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, anunció
recientemente que solicitará al Ejecutivo la negociación de tratados de reciprocidad
con los países de origen de los inmigrantes residentes en la región. Por su parte,
el candidato a la alcaldía de Madrid por los verdes, José María Mendiluce, se ha
manifestado a favor de este derecho. Incluso Ana Botella, secretaria de acción social
del PP de Madrid y concejal, ha pedido el voto para los inmigrantes regularizados.
•
En Barcelona, los políticos locales también han venido mostrando desde hace ya cierto
tiempo su predisposición a favor del voto de los inmigrantes. La petición del derecho
a voto para este colectivo formaba ya parte del programa electoral del PSC. En la
campaña para esas mismas elecciones, la coalición ICV-