¿Por qué los inmigrantes deben tener derecho al Voto?

• Porque la participación política es un derecho que tiene toda persona, pero España no reconoce este derecho.

• Porque es una incongruencia hablar de que se pretende la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad si al mismo tiempo se les niega el derecho a la participación política. El voto es un factor de integración. No se le puede pedir a alguien que se sienta cómodo en esta sociedad, que sea responsable y se integre en ella, cuando no se le permite participar en ella y tomar decisiones sobre su futuro.

• Porque nos parece difícil justificar democráticamente que millones de personas en España cumplan con sus deberes, paguen sus impuestos y, sin embargo, no tengan reconocidos sus derechos, en concreto el derecho al voto, y por tanto, no puedan decidir sobre quienes van a influir sobre sus vidas, su trabajo, la educación de sus hijos...

• Porque debemos asumir que la única alternativa para alcanzar un desarrollo español y europeo justo, humano y solidario, es trabajar por la supresión de toda discriminación injustificada de cualquier individuo o colectivo de los que forman parte de nuestra comunidad.

• Porque la negación del derecho al voto a las personas inmigrantes provoca una grave desigualdad con respecto a las personas autóctonas.

• Porque mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia y la paz social y es muestra de una grave insensibilidad por parte de nuestros gobiernos.

• Porque pedimos que la ciudadanía esté asociada a la residencia y no a la nacionalidad.

• Porque Europa y España no pueden seguir tratando a estas personas como si fueran de segunda categoría, mientras proclama la igualdad de derechos.

• Porque el derecho al voto es uno de los derechos fundamentales de las personas, tal y como recoge la Declaración Universal de 1948.

• Porque las carencias jurídicas de mecanismos de promoción social y de participación política relegan a las personas inmigrantes a una condición inferior.

• Porque avanzar en la ciudadanía supone romper con la visión instrumental y utilitarista de la inmigración, limitada al mercado de trabajo y con una idea provisional de su presencia.

• Porque una sociedad que se divide en ciudadanos de primera y segunda es una sociedad injusta.

• Porque el estado del bienestar no puede ser sólo para una parte de la sociedad.

• Porque el acceso al voto de toda la ciudadanía es algo que nos beneficia a todos, pues el conocimiento de todas las opiniones, así como el reconocimiento de la totalidad de los ciudadanos hará más democrática nuestra sociedad. La exclusión es todo lo contrario a la democracia.

• Porque la sociedad española será mejor en la medida en la que sea más democrática.

• Porque impedir que las personas extranjeras que residen en España no puedan votar, ni ser elegidos, refuerza la figura del inmigrante como pura fuerza de trabajo, y lo hace invisible en otros ámbitos fundamentales de la vida social.

• Porque marginar a los inmigrantes regularizados impidiendo su derecho al voto es apostar políticamente por crear condiciones que favorecen la exclusión social.

¿Por qué estamos a favor de que los inmigrantes tengan Derecho al Voto?

• Es necesario abrir un proceso de amplio consenso social para facilitar el acceso a la ciudadanía, es decir, a la integración cívica, que es también política, que comienza en el ámbito municipal y que debe entenderse en términos de inclusión, pluralidad y gradualidad, así como un derecho en todo caso y no como una obligación de las personas inmigrantes. Se trata de un proyecto que arranca de la noción de “vecinos” de los residentes, como ciudadanos de esas primeras comunidades de convivencia que son las ciudades y los pueblos, con todos los derechos y deberes de los demás vecinos.

• En definitiva, se trata de fijar el derecho de ciudadanía no en la nacionalidad, sino en la residencia estable en el ámbito local. Desglosando este concepto de CIUDADANÍA DE RESIDENCIA, nos referimos a una ciudadanía de vecindad con derechos políticos plenos en el ámbito municipal (lo que es mucho más que el derecho al voto y a ser candidato), desde una concepción de la ciudadanía como ciudadanía multilateral (teniendo en cuenta el origen y la residencia, p.ej ciudadanía senegalesa, española, europea,...) y además ciudadanía gradual: desde el nivel local hasta el autonómico y luego el estatal y el europeo.

En definitiva, se trata de construir el proceso de ciudadanía cívica. Dicha ciudadanía cívica debe comenzar por el reconocimiento de que el residente (en la medida en que paga impuestos y contribuye con su trabajo, con su presencia como vecino y no sólo como trabajador, a la construcción de la comunidad política) tiene, no sólo derechos civiles e incluso sociales, sino políticos: derecho a participar al menos en el primer nivel de las elecciones municipales en la ciudad o pueblo donde reside. Es una incongruencia hablar de que se pretende la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad si al mismo tiempo se les niega el derecho a la participación política.

Proponemos una modificación de la Constitución para que las personas inmigrantes tengan acceso a sus derechos, y en concreto al derecho al voto, en lugar de la activación de convenios de reciprocidad, porque:

Limitarnos a los convenios supone dejar fuera de esta posibilidad a un continente entero, como es África, con el que es muy difícil establecer acuerdos.

Supondría la creación de categorías y clases dentro de los propios colectivos de inmigrantes, algunos con derechos y otros sin ellos.

Esta opción abriría la puerta a la discriminación con países que coyunturalmente o políticamente no sean interesantes para España.

Sobre el concepto de ciudadanía:

• En la Europa de los 27, y por supuesto en España, es urgente definir otro modelo de gestión de la pluralidad cultural ya existente y del incremento de la misma que se irá produciendo en un futuro. Sin embargo, ni el actual marco de políticas migratorias en España ni el proyecto de Tratado de una Constitución europea garantizan dicho objetivo. Un claro ejemplo es que permanece cerrada la puerta de acceso de todas las personas inmigrantes a la ciudadanía local y europea.

¿Qué se ha hecho en Europa?

Como consecuencia de los trabajos del Consejo Europeo de Tampere de 1999, dos años después el Parlamento Europeo adoptó una resolución que pedía a varios países, entre los que se encontraba España, a que ampliasen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas a todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea. El Parlamento Europeo volvería a pronunciarse a favor de la concesión del voto a los inmigrantes a fines del 2001, en junio del 2003 y en enero del 2004.

Varios países europeos ya reconocen este derecho desde hace tiempo:

Irlanda, donde toda persona adulta no irlandesa que esté registrada como residente, tiene garantizado el derecho al voto en las elecciones municipales desde 1963.

Bélgica, país en el que casi un 10% de la población es extranjera. En febrero del 2004, todos los inmigrantes en Bélgica obtuvieron el derecho a votar en las elecciones municipales, independientemente de la nacionalidad.

Dinamarca, desde 1981, se permite el voto en las elecciones locales con tres años de residencia.

Austria permitió en el año 2002 el voto de los inmigrantes en las elecciones locales de Viena (Austria).

Suecia permite desde 1975 las votaciones para extranjeros en las elecciones locales y regionales con tres años de residencia.

Luxemburgo autoriza a votar a los inmigrantes con cinco años de residencia en las elecciones locales, desde 2003.

Finlandia, desde 1996 pueden votar los inmigrantes con dos años de residencia.

Países Bajos, elecciones locales desde 1985, con cinco años de residencia.

Italia, los inmigrantes que vivían en Roma en 2004 votaron para elegir representantes municipales y de distrito entre los miembros de sus propias comunidades.

Francia, el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, se pronunció a favor de que los inmigrantes regularizados puedan votar en las elecciones municipales.

¿Qué se ha hecho en España?

• Mayo de 2004. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción que especificaba sobre la necesidad de “avanzar, previo consenso social y político, hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones locales”.

• Noviembre 2005. El 60% de la población española se manifiesta a favor del derecho al voto para los inmigrantes. Según datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre del 2005, el 60.8 % de los españoles defiende este derecho de los inmigrantes a votar en las elecciones municipales, y el 53.4% lo hacen también extensible a las elecciones generales.

• Febrero del 2006. El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verdes para estudiar las reformas legales necesarias para que los inmigrantes residentes en el Estado español puedan participar en las próximas elecciones municipales.

• Marzo del 2006. El PSOE se declara a favor del voto de los inmigrantes. El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Zerolo, hizo una serie de declaraciones apostando por el reconocimiento del derecho al voto de los inmigrantes residentes en España de larga duración. También Mariano Rajoy (PP) ha expresado su inclinación favorable al voto de los inmigrantes.

• En Madrid, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, anunció recientemente que solicitará al Ejecutivo la negociación de tratados de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes residentes en la región. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Madrid por los verdes, José María Mendiluce, se ha manifestado a favor de este derecho. Incluso Ana Botella, secretaria de acción social del PP de Madrid y concejal, ha pedido el voto para los inmigrantes regularizados.

• En Barcelona, los políticos locales también han venido mostrando desde hace ya cierto tiempo su predisposición a favor del voto de los inmigrantes. La petición del derecho a voto para este colectivo formaba ya parte del programa electoral del PSC. En la campaña para esas mismas elecciones, la coalición ICV-EA lanzó una serie de propuestas para que los ciudadanos inmigrantes de Barcelona pudiesen participar, de forma simbólica, en una votación popular paralela. El alcalde, el socialista Joan Clos, se ha manifestado varias veces públicamente a favor de dar el voto a los inmigrantes.

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