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La UE no puede permanecer impasible ante la vulneración de derechos de las personas migrantes y refugiadas

Miércoles 21 Agosto 2019

La necesidad de políticas migratorias europeas garantes de los derechos humanos es imperante, el sistema actual provoca cada día la pérdida de vidas humanas y un régimen de total impunidad a sus autores. Denunciamos el incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas


 

La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo absoluto a la libre circulación de personas. La principal consecuencia de estas políticas es la muerte de cientos de personas. En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Muertes de las que son responsables y quedan impunes.
 
Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró recatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del gasto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en  la vigilancia de las fronteras y no en la búsqueda y salvamento de personas.
 
Así, el papel fundamental de las actuales políticas migratorias de los países europeos se fundamenta en la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago de millones de euros a terceros países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.
 
Por otro lado, las personas que intentar cruzar a través de la ruta de los Balcanes se encuentran con el fortalecimiento de las fronteras a través del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de países como Eslovenia y Croacia. Las personas que pretenden acceder a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, se enfrentan a las graves violaciones de derechos humanos que sufren en Libia y,  posteriormente, al peligro del mar y el bloqueo en los puertos. Aparte, hay que destacar que las personas que intentan cruzar a través de la ruta del Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés.
 
Además, en este contexto, los ataques dirigidos contra las personas y organizaciones que salvan la vida de miles de personas en el mar y les proporcionan ayuda humanitaria forman parte también de esta estrategia de disuasión y securitización. Como señala la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiales, en su informe Salvar vidas no es un delito, “Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor.” Además considera que “La segunda táctica ha consistido en imponer cargas administrativas a la acción humanitaria en la frontera, llegando en ocasiones a tipificar como delito esa actividad”
 
Estas medidas estructuran un sistema que provoca una masiva y sistemática pérdida de vidas humanas y un régimen de impunidad para los autores de esos hechos. El derecho a la vida no puede estar limitado por la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y visados, y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del lugar de nacimiento de una persona.
 
Desde los diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando de forma reiterada el grave incumplimiento por parte de los Estados europeos de sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes que está provocando un gran número de muertes ilícitas.
 
Por todo ello, la Unión Europea debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.

Desde Red Acoge apuntamos diferentes elementos clave ante la falta de gobernanza de la UE:

Definir una política clara de actuación ante las embarcaciones que se encuentran en peligro en alta mar, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos según el cual una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños, los estados tienen la obligación de  “prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”.

Facilitar y promover vías seguras, en cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos y con el Pacto Mundial para las Migraciones y del Pacto Mundial sobre los Refugiados, adoptando medidas como:
  • Aumentar considerablemente los visados humanitarios y de reasentamiento que permitan llegar a las personas refugiadas de forma segura, principalmente con el fin de aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados.
  • Llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales de facilitación y liberalización de los visados, para, por ejemplo, visitas, trabajo, búsqueda de empleo, reagrupación familiar, reasentamiento de refugiados, actividades humanitarias, estudios, pasantías, jubilación y otros propósitos.
  • Facilitar la movilidad por motivos laborales en todos los niveles de cualificación aumentando los visados y permisos de trabajo otorgados.
  • Asegurar el acceso al procedimiento de asilo a todas las personas que accedan a territorio europeo con independencia del país de su nacionalidad. No deben existir por lo tanto, listas de países seguros. 
Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia.